18/01/2010

Por si no hubiese suficientes líos en España con el cine, tras el bloqueo de las ayudas al cine por parte de Bruselas (leer más), las polémicas medidas contra la piratería en Internet (leer más) y la posible inconstitucionalidad de la ley que obliga a las televisiones a invertir en cine el 5% de sus ingresos, también los gobiernos autonómicos, en este caso el catalán, ponen su granito de arena a la hora de prolongar el estado de ansiedad del sector.

Así, el Govern catalán, quizás con la vista puesta en las elecciones de otoño, ha lanzado un órdago a la industria cinematográfica con la aprobación del proyecto de Ley del Cine de Cataluña, que entre otras cosas incluye la obligación de que el 50% de las copias distribuidas estén dobladas en catalán (a excepción de las producciones españolas y las europeas que lleguen con quince copias o menos).

La reacción de los sectores más afectados, la exhibición y la distribución, no se ha hecho esperar y han calificado la medida de “injusta”. Varios sindicatos, la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) y el Gremio de Empresarios de Cines de Cataluña han redactado un manifiesto que denuncia "el peligro que supone el proyecto de ley para la viabilidad del sector y el futuro de sus trabajadores". Según sus cálculos, provocaría pérdidas del 14% en el primer año y la destrucción de 1.768 puestos de trabajo.

El Govern, por su parte, defiende la medida para proteger la lengua catalana. Ante el temor de las majors estadounidenses de que aceptar esta exigencia en Cataluña provoque una reacción en cadena en otras áreas de Europa, argumenta que la región es "un lugar perfecto para experimentar este cambio de modelo", según ha comentado el consejero de Cultura Joan Manel Tresserras.

Entre las todopoderosas majors, que esgrimen que Cataluña no supone más que el 1% de su mercado, y las pretensiones lingüísticas del Govern, los exhibidores temen que al final sean ellos los que paguen el pato de todo este asunto.