05/07/2010

El Parlamento de Cataluña ha aprobado el pasado miércoles 30 de junio la controvertida Ley del Cine de dicha región que, según los partidos políticos que la han redactado, “reforzará la industria, favorecerá el acceso a más filmografías y mejorará la oferta de cine en versión original y en catalán”. Sin embargo, no se ha hecho esperar la condena de la casi totalidad del sector, capitaneados por exhibidores y distribuidores, que un día después, a través de Fedicine, entidad que agrupa al 90% del sector de la exhibición de España, ha afirmado que “pondrá en peligro la viabilidad de las empresas del sector y destruirá más empleo”.

De los 53 artículos que componen la ley, ha sido sobre el número 18 donde se han concentrado todas las polémicas que desde hace meses enfrentan a la administración pública con el sector (leer más). En dicho artículo se regulan las cuotas lingüísticas y se exige que al menos la mitad de las copias analógicas sean distribuidas dobladas o subtituladas en catalán (con la excepción de las producciones europeas con menos de 16 copias).

Precisamente el aspecto lingüístico era una de las prioridades del Gobierno catalán, que ha intentado “corregir la desigualdad lingüística que existe especialmente en el cine, donde el catalán no ha podido expandirse”, según ha confirmado su responsable de Cultura, Joan Manuel Tresserras.

Una opinión no compartida por las principales asociaciones de distribuidores y exhibidores de España y Cataluña, que han denunciado que la ley se ha votado “en contra de todo el sector y de espaldas a la Unión Europea”. Luis Hernández de Carlos, presidente de Fedicine, ha lanzado la voz de alarma, ya que “la norma "tendrá consecuencias dramáticas para el espectador catalán: habrá muchas películas que no se estrenarán y otras muchas que simplemente no se doblarán".