08/10/2010

Semana animada para la industria cinematográfica francesa: por un lado, la satisfacción por la entrada en vigor de la ley Hadopi (leer más) y el envío de los primeros correos de advertencia a todo internauta que realice descargas ilegales; por otro, la desagradable sorpresa del dictamen negativo emitido por el consejo superior del sector audiovisual (CSA) sobre el proyecto de decreto que obligase a las plataformas de vídeo bajo demanda a financiar las obras..

En el área de la lucha contra la piratería, los proveedores de acceso a Internet Numéricable y Bouygues Telecom comenzaron a enviar correos electrónicos de advertencia a los suscriptores señalados por los titulares de los derechos. SFR y Orange están a punto de actuar de la misma manera, pero el operador Free se opone, alimentando las iras del Ministerio de Cultura y reanimando un debate muy agitado entre partidarios y oponentes de la ley Hadopi, del que algunos políticos no dudan en hacer uso por motivos electorales.

En cuanto a la financiación obligatoria de la creación cinematográfica (y audiovisual) que forma la base del modelo francés, el presidente del CSA se mostró contrario al proyecto de decreto que obliga a las plataformas francesas de vídeo bajo demanda (VoD) a financiar la producción (el 15% de los ingresos de los operadores con un volumen de negocios superior a 10 millones de euros deberían destinarse a partir de 2011 a inversiones en producciones europeas, 12% de las cuales habrían de ser francesas) y la exhibición (60% de obras europeas, 40% de las cuales, francesas).

El CSA considera que las plataformas francesas no son aún viables económicamente (todas registran pérdidas y sólo Canal Play, Orange y SFR tienen un volumen de negocios superior a los 10 millones) y anticipa el riesgo de una deslocalización de los servicios franceses de VoD si no pueden desarrollarse en igualdad de condiciones con competidores como iTunes (instalado en Luxemburgo), Google o Hulu. El CSA propone integrar en el decreto una cláusula por la que se establece un encuentro tras 18 meses que permita analizar si estas obligaciones penalizaron o no a las plataformas francesas. En cuanto a la finaciación, desde el organismo se aconseja alcanzar en un lapso de cinco años y de manera progresiva el umbral del 15% y disminuir al principio el porcentaje de exhibición al 50%, 35% de los cuales serían obras francesas. El contenido del comunicado del CSA ha dado lugar a reacciones airadas en el seno de la SACD (Sociedad de los Autores y Compositores Dramáticos), que mantiene su apoyo al proyecto de decreto elaborado por el Ministerio de Cultura. Más información en las próximas semanas.

(Traducción del francés)