03/07/2014 - Los fondos regionales temían la llegada de la nueva Comunicación sobre el Cine de la Comisión Europea, pero la territorialidad ha prevalecido ante la competencia desenfrenada

Con la Comunicación sobre el Cine del 14 de noviembre de 2013, la Comisión Europea ha colocado una nueva base, mas sólida, para las normas europeas que tienen que ver con la financiación de las producciones cinematográficas. La comunicación ha estado sin embargo precedida de intensas negociaciones, ya que el comisario europeo  responsable, Joaquín Almunia, quería amputar el principio de la territorialidad, contra la voluntad de los Estados miembro y del Parlamento Europeo. No obstante, la definición de un nuevo marco normativo se había convertido en necesaria, ya que el establecido en 2001 solo se ocupaba de las ayudas estatales a la producción cinematográfica: convenía por ello extender el alcance de los textos a todas las fases de la realización de obras audiovisuales, desde su concepción hasta su proyección, teniendo también en cuenta los cambios que ha producido la llegada del digital.

El nuevo texto tiene en cuenta todas estas preguntas y concede a los Estados miembro y un gran margen de maniobra en la definición de lo que debe entrar o no en el campo de las “actividades culturales”. De hecho, ahora es posible garantizar la financiación a un conjunto mayor de actividades, como por ejemplo la digitalización de los cines o la creación de proyectos transmedia o crossmedia. La extensión de la Comunicación sobre el Cine para englobar estos aspectos no estaba cuestionada. Las resistencias abarcaban la suavización, deseada por la comisión encargada de las cuestiones de competencia, de la cláusula sobre la territorialidad, una cláusula que la red EFAD (Directores de Agencias Cinematográficas Europeas), los Estados miembros, todas las solicitudes de financiación (entre ellas, los miembros de la red regional paneuropea Cine-Regio) y el Parlamento Europeo deseaban mantener. 

Conservación del principio de la territorialidad
Siempre ha habido límites a la imposición territorial, pero en los nuevos textos, Joaquín Almunia deseaba alinear las reglas que se aplican al sector audiovisual a las reglas generales activas en toda la Unión Europea. Ello habría mermado drásticamente los límites, haciendo prevalecer las relaciones regionales. Además, las deliberaciones para la financiación ya no podrían depender de criterios como el origen territorial de los bienes, servicios y personas empleadas por las producciones. Consecuentemente, los fondos regionales respaldados por el dinero público y los estados a través de incentivos fiscales estarían obligados a subvencionar también proyectos sin ventaja cultural o económica alguna para el territorio en cuestión. En estas condiciones, la mayoría de los organismos de financiación ya no habrían podido justificar la utilización del dinero de los impuestos, por lo que su existencia acabaría por ser amenazada.

La financiación en dirección al cine da valor no solo a la cultura, sino también a la industria de la cultura. Los 250 organismos de financiación europeos dedican alrededor de tres mil millones de euros por año a esta misión (de los que dos tercios consisten en incentivos fiscales y créditos a índices preferenciales, y el tercero en facilidades fiscales). El apoyo económico de los fondos regionales a su industria de cine (así como los incentivos fiscales a nivel nacional) esta ligada a sus efectos sobre el territorio.

Delante de la resistencia que se ha opuesto a sus proyectos, Joaquín Almunia ha tenido que consultar al sector tres veces, estos tres últimos años, para llegar a una solución que convenga a todo el mundo. Finalmente, son las entidades de financiación las que se han impuesto: las obligaciones ligadas a la valorización del territorio no serán modificadas. Como antes, los organismos financieros podrán decidir que al menos el 160% de las sumas concedidas por ellos deberán ser invertidas en su región.

En un comunicado de prensa, la Unión Europea ha motivado de esta manera la conservación del principio de territorialidad: "Se trata de una restricción que tiene que ver con las normas que definen el mercado único. Se justifica por la voluntad de promover la diversidad cultural, que reposa sobre los recursos y el saber hacer tanto a nivel nacional como local". Paradójicamente, este argumento ha tenido siempre un punto de acuerdo entre el mundo político y el sector, además de ser la primera prioridad de los diferentes organismos de financiación europeos en su lucha contra la flexibilidad de las obligaciones territoriales.

También permanece intacta la cantidad de las financiaciones, que pueden llegar como máximo hasta el 50% del coste del proyecto. Contrariamente a lo que pasaba antes, las coproducciones financiadas por varios Estados miembro podrán ser respaldadas hasta un 60%, como máximo, de su presupuesto de producción. En cambio, no se ha fijado ningún máximo para las ayudas al desarrollo de guiones, proyectos de películas y "obras audiovisuales difíciles" (algo que definirá cada Estado miembro según el principio de subsidiariedad).

Las reacciones
Después de haber suspendido la respiración en la espera de la nueva comunicación, los organismos de financiación europeos expresan ahora su satisfacción por su contenido: "Nuestras peticiones más importantes han sido escuchadas, en particular en cuanto al refuerzo del principio de territorialidad y al derecho de cada región de poder definir de manera autónoma su política cultural", confirma Charlotte Appelgren, secretaria general de la red Cine-Regio, que reúne 43 fondos regionales europeos de apoyo al cine.

Eberhard Junkersdorf, que preside la FFA (la autoridad de regulación del cine alemán), completado por el fondo nacional de ayuda al cine DFFF, ha expresado su satisfacción respecto a la comunicación europea y la definición de las obligaciones ligadas al territorio: "Estoy contento de que la Comisión Europea haya escuchado nuestras propuestas. A largo plazo, con la incorporación regional y nacional de subvenciones, se puede garantizar un refuerzo de la industria del cine y una consolidación de la diversidad cultural”.

Davide Bracco, presidente en funciones de la Asociación Italiana de Film Commissions y presidente de la Comisión de Cine Turín-Piamonte, ve el nuevo marco definido por Europa como la base de una colaboración reforzada entre los fondos regionales italianos: “Por nuestra parte, todo tiene la intención de continuar protegiendo y valorizando los diferentes paisajes y culturas locales de nuestro país, estamos dispuestos a coordinarnos mejor a nivel nacional para operar de manera armoniosa con intenciones comunes".

La BLS (uno de los mayores fondos regionales de Italia) ha reaccionado positivamente a las decisiones bruselenses: "Estamos muy satisfechos del nuevo marco normativo, que crea condiciones favorables para nuestro programa de financiación y para los créditos fiscales para las producciones a nivel nacional. Esto garantiza que podamos continuar con nuestro trabajo ", indica Christiana Wertz, que dirige el Fondo y la Comisión de Cine BLS. 

Artículo cedido por el Fondo y la Comisión de Cine BLS Alto Adigio

(Traducción del italiano)