13/01/2010

Tras varias semanas de encendidas polémicas, el Gobierno ha dado por cerrado el proceso de elaboración de la Ley de Economía Sostenible, donde la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde ha introducido una serie de medidas para la lucha contra la piratería, con la aprobación del anteproyecto y su envío a los órganos consultivos.

Dichas medidas, cuyo objetivo es la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet, abogan por un procedimiento mixto (administrativo y judicial) y rápido (en un plazo de cuatro días).

Así, según ha explicado la propia titular de Cultura, en el caso en que una obra se distribuya de modo ilegal en Internet, la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, emitirá una resolución de retirada de los contenidos de esa web o, en los casos de mayor gravedad, de bloqueo. Sin embargo, esta decisión no será efectiva hasta que no se pronuncie el poder judicial, el cual tendrá un plazo de cuatro días para verificar que no vulnera los derechos y libertades fundamentales de la Constitución.

En palabras de González-Sinde, "se trata de erradicar las prácticas ilegales de empresas y páginas web que se lucran y benefician con la explotación de las obras ajenas", por lo que "ningún usuario debe estar preocupado o molesto", ya que "la libertad de expresión e información en la Red quedarán garantizadas".

FAPAE, que agrupa a los productores de contenidos audiovisuales de España, ha expresado su satisfacción por estas medidas, que considera “indispensables”, ya que “nos equipara al resto de países del mundo y promueve un mercado legal”.

A falta de saber si el texto será refrendado por los órganos competentes, al menos ha dado lugar a un debate que, a pesar de su aspereza, ha contribuido a mejorar la comprensión por parte de los ciudadanos de la problemática. Y esto, en un país como España, a la cabeza de todas las clasificaciones de difusión de la piratería, se antoja un paso imprescindible.