11/01/2012

Los últimos días de 2011 y los primeros de 2012 han sido de los más movidos para casi todos los sectores de la sociedad española, incluyendo como no podía ser menos el cine. Tras la aplastante victoria del conservador Mariano Rajoy en las Elecciones Generales del 20 de noviembre, la crítica situación económica y el escaso afecto que despierta el cine español entre el electorado conservador más beligerante, que le acusa de alinearse con el partido socialista y de vivir de subvenciones, hacían presagiar tiempos complicados para la industria cinematográfica.

Una de las primeras medidas tomadas por Rajoy relacionadas con el cine ha sido la eliminación del ministro de Cultura, cuyas competencias se han fusionado con Educación y Deportes en la persona del sociólogo y jurista José Ignacio Wert (en la foto). En sus primeras declaraciones sobre el cine, Wert ha manifestado su intención de que se sustituyan las ayudas públicas por las inversiones privadas de modo paulatino, lo cual implica un desmantelamiento del sistema actual. Además, la incertidumbre en torno a la identidad del futuro director del ICAA y al montante total del Fondo de Protección para la Cinematografía puede causar una notable disminución de la producción en los primeros meses de 2012.

Sin embargo, el cine español ha mostrado al nuevo Gobierno su disposición a colaborar. En una carta abierta a Wert publicada en el diario El País, Pedro Pérez, presidente de los productores de FAPAE, ha subrayado la necesidad de “un plan” para el cine y solicitó un “ejercicio de autocrítica” por parte del sector.

Si hay un tema en el que los distintos estamentos del cine español y el nuevo ministro se encuentran en perfecta sintonía, ése es la propiedad intelectual. Tras la negativa del Gobierno socialista de aprobar el desarrollo de la Ley de Economía Sostenible (más conocida como Ley Sinde), que incluye los mecanismos para la lucha contra la piratería (leer más), el nuevo Ejecutivo se ha apresurado a hacerlo en sus primeros días en el poder. No obstante, más allá de este trámite político, la afinidad en este tema se extiende al plano conceptual, como demuestran las afirmaciones de Wert: “un país que aspira a ser un referente de la cultura global no puede permitirse ser un país que desconoce los derechos de los creadores culturales”.