19/12/2005

Se prevé la misma cantidad que en el 2004 (5,2 millones de euros) para el presupuesto del Instituto polaco de Cine, establecido en virtud de la nueva ley, votada el verano pasado. Esta suma provendrá del Ministerio de Cultura. El instituto fue creado con el propósito de poner en marcha la política nacional del cine (“crear las condiciones para el desarrollo de producciones y coproducciones de películas, inspirar y apoyar el desarrollo de cada género de la creación cinematográfica polaca, sobretodo películas artísticas; sustento a los debutantes y su desarrollo artístico; acordar una ayuda financiera a los proyectos de películas, a la producción, distribución y fomento del cine polaco”). Estos 5,2 millones de euros no constituyen más que un 20% del presupuesto total que el instituto calcula tener a su disposición. El Fondo Nacional de la Promoción de la Cultura participará con 1,5 millones de euros del presupuesto del Instituto y la parte principal de este, de 25,4 millones, debe provenir del 1,5% del impuesto sobre la cifra de negocios impuesta por la ley, según lo establecido por el artículo 19, a los explotadores, distribuidores, cadenas de televisión, operadores de plataformas digitales y televisiones por cable, y que debería aportar un total de 18,7 millones de euros. Y es, precisamente, sobre la base del artículo 19, que los empresarios del sector privado han denunciado violentamente lo que ellos consideran “un proteccionismo burocrático de estado”. También es difícil encontrar un lugar para un cartel entre los medios artísticos, fervientes defensores de esta ley, y los empresarios. Después de meses de largas discusiones amargas, una amplia campaña de información y promoción lanzada por el ministro de cultura Waldemar Dąbrowski, y apoyada por los medios intelectuales y artísticos, fue exitosamente aprobada por la votación de ley (leer la noticia del 13 de julio). Sus adversarios no están faltos de obstinación y es delante del Tribunal Constitucional que la acusan de contravenir a los derechos constitucionales de libertad e igualdad del individuo y del empresario, incluso si la ley permite su armonización con el sistema europeo.

Este argumento, que acusa a la ley de romper el principio de igualdad de oportunidades, se basa especialmente en la diferencia de potencial económico entre los viejos estudios de producción de estado y los empresarios del sector privado, presentes en el mercado desde hace no más de 15 años. Los estudios, además de sus actividades corrientes, se benefician por una parte de los ingresos de los derechos de las películas realizadas durante décadas y vendidas a las televisiones, por otra parte, se benefician de las ventajas sobre el plan inmobiliario al estar parcialmente mantenidos por el estado, y pueden también ahorrar cantidades substanciales. Por el lado de los empresarios del sector privado y de su naciente potencial económico, estos no creen ser capaces de adaptarse eficazmente a los mecanismos fiscales impuestos, y fijan sus miradas sobre las televisiones que, con su poder económico dominante, deberían pagar más que los demás.

El establecimiento del Instituto Polaco de Cine ha significado la eliminación de tres agencias que dependían del Ministerio de Cultura. La transmisión de cargos de las tres instituciones a un solo organismo, llena de dudas al medio concerniente. Pero Agnieszka Odorowicz, la directora del nuevo instituto, nombrada a cargo el pasado octubre por el Ministro Dąbrowski, replantea estas dudas por cuestiones económicas: la dotación del Ministerio destinada al funcionamiento del instituto (1 millón de euros) es mucho más baja a la que se le proporcionó a las tres agencias.

La concentración de cargos en una sola institución no plantea tantos problemas como el poder otorgado a su directora. La ley – como subrayan los empresarios que deben pagar los impuestos – no les garantiza la posibilidad de controlar los gastos. Es cierto que entre los 11 miembros del Consejo del Instituto hay cinco representantes del grupo de los empresarios, pero el poder del consejo es puramente de consulta, y toda toma de decisión pertenece a la directora.
Lo que no es más claro en este texto de ley, es la definición de la « película artísticamente ambiciosa » que, a diferencia de otras, puede contar con un apoyo más elevado (hasta el 90% del presupuesto de producción). Los productores polacos también denuncian la vaga naturaleza de la definición de « película polaca », indicando la posibilidad de una interpretación según la cual un fuerte apoyo financiero podría ser acordado a las coproducciones multilaterales en las que el aporte polaco no constituiría más que una parte mínima de la inversión total. (ver lista más abajo).
La cuestión de la privatización de la propiedad cinematográfica de estado (sobretodo los estudios), ocupa un puesto aparte. Aquí, la ley aun no es específica. La última pregunta que se plantea es de carácter político: ¿No se realizó el texto de ley y el reclutamiento para los puestos vacantes en el Instituto de forma precipitada, simplemente con el propósito de adelantarse a las elecciones de octubre del 2005 y al cambio de gobierno?

Independiente a todos estos escepticismos, hay que hacer constar que la votación y la entrada en vigor de la ley eran una necesidad del cine polaco, el cual se encontraba al borde del fracaso, y no podía esperar más. La ley ofrece a los cineastas polacos, al menos en principio, la posibilidad de colocarse en el mismo punto de partida que sus homólogos europeos.