09/03/2009

Un pequeño terremoto con marcados tintes políticos ha sacudido la semana pasada el sector de la distribución cinematográfica en Cataluña a raíz del anuncio de la Generalitat de su intención de obligar a las distribuidoras a que la mitad de las películas extranjeras estrenadas en los cines catalanes estén dobladas o subtituladas al catalán, como parte de la primera Ley del Cine de esta comunidad autónoma.

La medida, desarrollada por el Departamento de Cultura y Medios de Comunicación del gobierno regional, tiene como objetivo subsanar la actual situación, que según la Generalitat “no garantiza el derecho de los ciudadanos a poder ver cine en las dos lenguas oficiales”, con un dominio aplastante del castellano. Según los datos esgrimidos, el 89% de los 466 títulos estrenados en 2007 tenían el castellano como única versión disponible.

Las reacciones no se han hecho esperar. Al margen del previsible enfrentamiento entre los representantes políticos, Luis Hernández de Carlos, presidente de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), ha mostrado su oposición frontal al proyecto, que en declaraciones a la agencia EFE ha definido como “inviable”. Abrir esta puerta en Cataluña provocaría una reacción en cadena en el resto de comunidades, según Hernández de Carlos, que añade que "traducir las películas a tres o cuatro lenguas haría el negocio ingobernable y antieconómico".

Esta preocupación se extiende a compañías como Alta Films (distribuidora en España de títulos como Flame & Citron [+lee también:
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ficha de la película]), que por boca de Enrique González Macho ha pronosticado en una entrevista con el El País que esta iniciativa llevará a “la desaparición de la distribución y la exhibición en Cataluña, la independiente y la de las majors".